CÁRCELES EN EL PERÚ

¿Dónde queda la trillada frase que “los delincuentes merecen el máximo respeto a sus vidas”?, esto partiendo de que las personas detenidas o recluidas en los establecimientos penitenciarios no dejan de ser seres humanos por más terrible que sea el delito por el que han sido acusadas y de que la prohibición de violentar los derechos humanos de los internos no sólo se refiere al trato inhumano o degradante de abusos físicos o mentales directos, sino también a la totalidad de las condiciones de reclusión; ¿La delincuencia será eterna?; ¿La solución al problema de la delincuencia es construir más cárceles? y ¿Hasta qué nivel el personal policial es responsable del control de este problema? 

Las respuestas pueden ser muchas, pero básicamente el tema debe abordarse con un punto en mente: un país no puede salir del problema delincuencial construyendo más cárceles.

Comparto la opinión de Juan Abraham Ramos Suyo que señala que en las sociedades capitalistas, en los llamados gobiernos democráticos de turno, que no distribuyen de manera equitativa la riqueza a partir de la dación de puestos de trabajo a todos aquellos que realmente cumplen con los requisitos básicos, los jóvenes tienden a convertirse precisamente en parásitos y vagabundos. 

Hallamos de esta manera que las causas de la delincuencia se encuentran en las desigualdades sociales, económicas, culturales e ideológicas porque, como es notorio por todos los ciudadanos, el gobierno no sabe o no le interesa saber cómo hacer una eficaz y eficiente distribución de la riqueza. Por lo tanto, al no haber prevención sociocultural y oportunidades, los jóvenes que no han podido trabajar pasan simplemente a integrar la mayoría de los casos de delincuencia.

Erróneamente los gobiernos de turno creen que construyendo más centros penitenciarios solucionarán los problemas que cada vez aquejan a nuestra sociedad. ¿Por qué es un error? Porque el recinto carcelario no da ninguna solución, sino que por el contrario trae consigo mayores problemas a quienes van a parar allí y también a quienes nos encontramos fuera.

A esto hay que añadir que las leyes que se dan no van de acuerdo con la capacidad de las cárceles. Es ilógico condenar a una persona a más de veinte años. Eso solo contribuye a la sobrepoblación carcelaria. El Poder Legislativo y Ejecutivo cree que con penas altas se podrá solucionar o disminuir los delitos que se cometen día a día, pero eso no ocurre, así que lo mejor sería una reforma en las leyes y políticas de construcción carcelaria, pero esto último no debe entenderse en el sentido de que se den nuevas leyes que permitan el egreso de un gran número de interno con claras consecuencias negativas para la comunidad, como bien lo refiere Germán Small Arana, sino que estriba en el manejo adecuado de una política penitenciaria que ordenadamente maneje el problema. 

La Constitución Política del Perú en su artículo 139, inciso 22, señala: “El régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad”. Se entiende, por lo tanto, que la pena privativa de libertad en el sistema penal peruano tiene como finalidad la resocialización del interno, pero este objetivo debe lograrse tomando en cuenta el respeto de la dignidad y los derechos no restringidos de los internos.

Entonces, el propósito de una cárcel debería ser la reformación del reo, mas no la retención de éste, pues ¿para qué tener a más personas en una cárcel si éstas no lograrán su reincorporación a la sociedad? 

Tratando este punto precisamente surge la necesidad de referirme a un tema que lejos de ser una alternativa, como así es denominada, es el asunto más debatido contemporáneamente: “Las alternativas a la cárcel”.

Ya decía Foucault que el surgimiento de las alternativas a la cárcel no representaban ningún viraje radical sino que por el contrario, suponían una extensión del poder de castigar del Estado, una normalización y difusión de los mecanismos disciplinarios. Es decir, que las alternativas amplían el poder de castigar, no sustituyen progresivamente a la cárcel, por lo que es razonable su no proliferación puesto que en la mayoría de los casos no se aplican. Esto ¿qué implica? Pues que debe concederse real valor a las reivindicaciones que supongan una efectiva descarcelaciòn sin necesidad de creación indiscriminada de alternativas inaplicables.

En todo caso, como refiere Felipe Villavicencio, las alternativas deberían ser aquellas que estén lo más alejadas posibles de los modelos estructurales punitivos como la cárcel (que den mayor posibilidad de reparación del daño, mayor participación en la resolución del conflicto, eviten la desmedida intromisión en la personalidad del ofensor y que no suponga el simple traslado de una institución cerrada a otra). 

¿Con esto se lograría contrarrestar el hacinamiento carcelario? La solución al problema no parte de un sentido unilateral, sino de una solución multilateral que fomente la participación del Estado y la sociedad, como bien lo refiere el Doctor Alejandro Solís, Abogado penalista, catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

El Estado como parte esencial en la búsqueda de soluciones a la problemática del hacinamiento carcelario debe poner fin a la ineficacia del sistema judicial. Como contribución del Estado a la solución del hacinamiento carcelario, se debe declarar la descentralización del INPE. Cuyo manejo económico y administrativo pasaría a cargo de los gobiernos regionales que aprovecharían los recursos provenientes del canon minero y las exoneraciones tributarias.

Por otro lado, la contribución de la sociedad civil a una solución integral-multilateral del hacinamiento carcelario parte de la ejecución de proyectos de inserción laboral en la sociedad de las personas con antecedentes penales, tal y como se establece en uno de los principios básicos para el tratamiento de los recursos: “Se crearán condiciones que permitan a los reclusos realizar actividades laborales útiles que faciliten su reincorporación en el mercado laboral del país y le permita contribuir al sustento económico de su familia y al suyo propio” (ONU).

FUENTE: www.universitarios.pe